| El Gran Acuerdo Nacional |
A todo o nada
Luego del Onganiato la sucesión de Levingston y Lanusse fue el obstinado manotazo militar contra el fracaso de la Revolución Argentina. Después del Viborazo y en medio del descontento popular, la retirada golpista comenzaría a gestarse con el Gran Acuerdo Nacional.
El informe en revista incluye una reseña sobre la masacre de Trelew y una entrevista a Horacio Ballester, militar que contribuyó en el derrocamiento de Arturo Illia, por Juan Iturburu
Con la caída de Juan Carlos Onganía se afianzó el liderazgo del general Alejandro Agustín Lanusse en el seno de las fuerzas armadas. Su proyección hacia la presidencia se consideraba una cuestión natural y por ello sorprendió la designación en ese cargo del agregado militar de la embajada argentina en los Estados Unidos, el general Rodolfo Levingston, absolutamente desconocido para la sociedad y hasta para sus camaradas de armas.
El ascenso de Levingston se debió a que los militares no terminaban de asimilar el fracaso de la Revolución Argentina. La salida electoral como alternativa era difícil de digerir para quienes, desde el golpe de José Uriburu, en 1930, habían determinado la vida nacional y, de la mano de Onganía, soñaron con sepultar a los partidos políticos tradicionales y superar con su liderazgo la antinomia peronismo-antiperonismo.
Tal vez por eso el nuevo mandatario de facto se presentó en sociedad con la flamante banda presidencial agradeciéndole a Onganía "los importantes y patrióticos servicios prestados". Luego, su presidencia se mostró como una continuidad natural del proceso abierto en 1966.
Sin embargo, Levingston pretendía imprimirle un sesgo nacionalista a la política económica y buscar algún tipo de apoyatura política. Uno de los primeros en brindársela fue Oscar Alende, del Partido Intransigente, en tanto que Aldo Ferrer -caracterizado economista que proponía una acumulación capitalista nacional y autónoma- fue designado como ministro de Obras Públicas, y asumió poco tiempo después la cartera de Economía.
Pero esta propuesta solo logró la adhesión de unos pocos oficiales superiores hasta que el Viborazo de los obreros cordobeses de marzo de 1971, como acontecimiento más saliente de la movilización popular, se encargó de demostrar su inviabilidad.
Así fue como el 23 de marzo de 1971 la Junta de Comandantes se deshizo del efímero mandatario y designó a Lanusse como nuevo presidente, con retención de su cargo de comandante en jefe. Por primera vez desde el golpe de 1966, un oficial superior ejercía la unidad de mando político y militar.
EL Gran Acuerdo Nacional
El itinerario de Lanusse hasta alcanzar la Presidencia está determinado por el prestigio político de que gozaba en las fuerzas armadas y su propuesta era elemental y adecuada a la conflictiva situación que se vivía, si bien es cierto que el denominado Gran Acuerdo Nacional no puede definirse realmente como un plan, ya que en lo esencial procuraba la retirada de los militares del poder político con el menor costo posible, resguardando su carácter de reserva estratégica.
En el marco de esta idea central coexistían alternativas reales, con fantasías como la idea de lograr que Lanusse revalidara su título con respaldo electoral, o la de negociar con el exiliado Juan Domingo Perón, en busca de una salida conveniente. No existía un cronograma político ni se contaba con una propuesta económica elaborada. Lanusse dividió prontamente el Ministerio de Economía en Hacienda y Finanzas, un artilugio para quitar del primer plano un tema conflictivo e instaurar la cuestión política como problema principal
La eliminación de un referente tan fuerte como Onganía en un factor de poder que, a su vez, operaba como institución de Gobierno, abrió un estado deliberativo en las fuerzas armadas que Lanusse enfrentó con audacia. Tomó personalmente la iniciativa en el debate y promovió reuniones en cada guarnición que visitaba, tanto con los jefes como con el resto de la oficialidad.
Dos anécdotas ilustran sobre su estilo de conducción a la vez que muestran su agudeza estratégica. La primera tuvo por escenario la Escuela de Aeronáutica de Córdoba, cuando debió afrontar una de las tantas pruebas a que lo sometían sus camaradas de las tres armas. Como es notorio, la Aeronáutica estuvo siempre impregnada por un pensamiento católico confesional y reaccionario. Lanusse no había terminado de enunciar la propuesta del Gran Acuerdo Nacional cuando llovieron las preguntas, que más que interrogantes eran críticas frontales y abiertas. No se incomodó y fue contestando cada una de ellas. Algunas de ellas denotaban atisbos de inteligencia, y otras desnudaban la debilidad del plan y las contradicciones que ya a esa altura eran evidentes. Entonces, el general se puso de pie y dijo: "Señores oficiales, en muchas de las cosas que ustedes señalan tienen razón, pero qué quieren, yo no tengo nada, por eso echo la falta con un cuatro". La otra versión cuenta que, con motivo del triunfo de la Unidad Popular en Chile, Lanusse razonó así frente a un grupo de oficiales: "Porque no quiero que en la Argentina suceda lo mismo, hago lo que estoy haciendo.
Lo cierto es que Lanusse sabía que debía poner un plazo cierto a la permanencia de las fuerzas armadas en el poder y negociar el traspaso del poder con la dirigencia política tradicional. Al haber incorporado la experiencia de 1963, estaba convencido de que era imprescindible comprometer al propio Perón en la propuesta.
En su concepción, la proscripción del peronismo había generado un efecto contrario al que se esperaba, pues el líder, cómodo en su exilio madrileño, quedaba liberado de responsabilidades frente a la crisis que acuciaba al capitalismo dependiente argentino y era perceptible que esa situación no lo comprometía, al punto de que insistía en atribuir sistemáticamente todos los males del país a su proscripción.
Pero Lanusse estaba muy lejos de concebir una salida electoral "libre y sin proscripciones", como la que reclamaba el peronismo desde los primeros años de la resistencia.
Su antiperonismo era visceral, y tenían razón quienes lo describían como "un gorila de pura cepa", circunstancia que le costó la cárcel durante el primer gobierno peronista dado su compromiso con el golpe fallido que encabezara el general Benjamín Menéndez. No era menor su aversión a la izquierda. Durante su gestión comenzaron las desapariciones de militantes populares y se creó el famoso "fuero antisubversivo", que se ganó el apodo de "Cámara del Terror". Ningún jurista con prestigio aceptó integrarla pues violaba el principio constitucional del juez natural y por ello sus integrantes fueron reconocidos fascistas que llegaron a participar en la tortura de los detenidos.
También por entonces se inauguró la detención prolongada de personas sin proceso, tal el caso de Norma Morello -militante de las Ligas Agrarias correntinas y del Movimiento Rural Cristiano- cuando el comisario Villar comandaba la Policía Federal y se produjo el encarcelamiento del dirigente lucifuercista cordobés Agustín Tosco y del gráfico Raymundo Ongaro, secretario general de la CGT de los Argentinos. En esos años se generalizaron en todo el país los denominados "operativos rastrillo", que consistían en cercar militarmente una zona y allanar domicilios sin orden judicial con el fin de detener a militantes populares.
Además, bajo su gobierno, las tropas del Tercer Cuerpo de Ejército con asiento en Córdoba tomaron por asalto las fábricas Concord y Materfer -que la automotriz FIAT tenía en la localidad cordobesa de Ferreyra- para desmantelar los gremios combativos de Sitrac y Sitram y encarcelar a sus principales dirigentes. Eran tiempos en los que el ministro de Trabajo, Rubens San Sebastián, manejaba con discrecionalidad política las personerías gremiales, que les otorgaba a unos y les quitaba a otros según la conveniencia del oficialismo.
Entre otras medidas represivas, se facultó a la policía para extender el plazo de incomunicación de los presos políticos hasta diez días, prorrogables por diez más. Luego los detenidos eran puestos a disposición de la Cámara del Terror.
Pero lo que marcaría indeleblemente a la dictadura de Lanusse sería "la masacre de Trelew", que se produjo el 22 de agosto de 1972 cuando los guardias de la cárcel chubutense asesinaron a 16 militantes de las organizaciones Partido Revolucionario de los Trabajadores, Montoneros y Fuerzas Armadas Revolucionarias.
Un militar liberal
Es que la apertura que representaba el GAN no implicaba la renuncia de la dictadura a aplastar el sindicalismo combativo y el movimiento revolucionario y popular. En efecto, nada indica que Lanusse haya sido menos violento que el propio Onganía, pero a diferencia de éste, que cultivaba un nacionalismo clerical, Lanusse, como lo había hecho antes el general Pedro Eugenio Aramburu, evitaba las posturas abiertamente militaristas y guardaba una actitud abierta frente a los reclamos democrático-institucionales y ante la dirigencia política tradicional.
Esta circunstancia ya se había expresado tras el derrocamiento de Perón en 1955, cuando Aramburu -que había reemplazado al general Eduardo Lonardi tras un golpe de estado interno- dispuso el fusilamiento de militares y civiles peronistas tras el frustrado levantamiento de l956.
Las posiciones favorables a una apertura electoral les permitieron a los liberales ejercer una capacidad negociadora y exhibir una ductilidad política de la que los nacionalistas carecían.
Lanusse siempre tuvo a mano políticos encumbrados que convalidaron su presunta fe democrática y enmascaró las medidas más violentas y represivas de su gobierno con una habilidad que lo ponía a cubierto. Así, la masacre de Trelew fue atribuida a una decisión de la Armada; las desapariciones, al entonces ministro de Defensa, Rafael Cáceres Monié, y cuando la movilización popular forzó la legalización de la detención de Eduardo Jozami, por entonces dirigente del sindicato de los periodistas porteños, el propio general -en una cínica actitud- hizo público su beneplácito
Este comportamiento se extendió a la cuestión económica, pero fueron los autoproclamados nacionalistas quienes les cedieron el control del rea, como lo demuestra el hecho de que el ministro de Economía durante el gobierno de Onganía fue Adalberto Krieger Vasena.
En este sentido, Lanusse subordinó las medidas a los requerimientos políticos. Abolió los topes de las negociaciones paritarias, impuso la veda de carne y el control de precios, dividió el mercado de cambios y amenazó con expropiar el "ganado en pie" para enfrentar la "liquidación de vientres" encarada por los productores ganaderos.
No obstante, la Argentina se ubicó, detrás de Vietnam, al tope de la inflación mundial en 1972. El gobierno lanussista negoció con José Ber Gelbard la concesión de la fábrica de aluminio ALUAR en detrimento de los consorcios internacionales, y la Confederación General Económica (CGE), que representaba mayoritariamente a la pequeña y mediana empresa, industrial, comercial y agraria, adquirió mayor protagonismo en las decisiones, mientras la Unión Industrial Argentina (UIA) era desplazada progresivamente.
La marca del zorro
Además de no contar con una oposición formal, el proceso de apertura que impulsaba Lanusse tenía la apoyatura determinante del "Zorro de Magdalena", el comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, general Alcides López Aufranc.
Desde su diario "La Opinión", Jacobo Timmerman había calificado de "gran caudillo político" a Perón y de "gran caudillo militar" a Lanusse. La segunda caracterización era discutible, ya que el liderazgo de este último en las fuerzas armadas se había afirmado merced a la fortaleza con que peleaba su propuesta política, pero la figura militar que inclinaba la balanza era sin lugar a dudas López Aufranc.
Su prestigio en la fuerza había crecido desde que en 1962, como jefe del regimiento de tanques de Magdalena, intervino en el enfrentamiento entre azules y colorados. Se lo definía como el prototipo del militar moderno tanto en sus ritos como en su técnica, y era un "profesionalista duro", que respaldaba con decisión la salida electoral y la no proscripción del peronismo. Además, se había constituido en la garantía estratégica de una burguesía que no terminaba de confiar en el pragmatismo lanussista.
Si su rol era vital en los planes continuistas, la formalidad que iba adquiriendo la propuesta pasaba por un viejo artesano de la política, el ministro del Interior, Arturo Mor Roig, brazo derecho del jefe radical Ricardo Balbín, presidente de la Cámara de Diputados durante la presidencia de Arturo Illia y hábil negociador.
Así, mientras Lopez Aufranc se hacía cargo de sofocar el levantamiento de Olavarría y Azul, Mor Roig actuaba como el piloto encargado de capear las tormentas políticas. Por otra parte, su relación con Balbín hacía inocultable el respaldo del caudillo radical al Gran Acuerdo Nacional.
Todo cambia
Las puebladas que se sucedieron en todo el país, el movimiento guerrillero que se transformaba en un acoso permanente y ganaba simpatías en la población, la inestabilidad militar que tuvo su epicentro en el levantamiento de Azul y Olavarría, cerraban los caminos a las pretensiones de Lanusse de legitimarse como presidente constitucional a la vez que iban imponiendo la apertura hacia el peronismo.
Por otra parte, las promesas de salida electoral y el pragmatismo económico determinaron un reflujo en la situación social respecto de los niveles de confrontación que habían alcanzado su pico en las movilizaciones insurreccionales de Córdoba, Tucumán, Rosario y Cuyo.
De allí que tanto la dirigencia política tradicional como la burocracia sindical, comenzaran a operar en favor de una concertación con los militares. A mediados de 1971, algunos dirigentes, entre ellos el secretario general de la CGT normalizada, José Ignacio Rucci, se sentían protagonistas del proceso abierto por el lanussismo y colaboraban con entusiasmo en el aislamiento de los sectores combativos. El propio Rucci convalidó el plan diseñado por el ministro San Sebastián y el presidente de FIAT Argentina, Oberdam Salustro, para descabezar a los gremios Sitrac y Sitram, en el marco de una vasta operación represiva que abarcó a los sindicatos cordobeses de Luz y Fuerza, Empleados Públicos, Municipales, Calzado y otros, con cesantías de delegados y comisiones internas y la detención de los principales dirigentes. Cuando López Aufranc tomó por asalto Sitrac y Sitram se lanzaron más de 600 órdenes de captura que involucraban a la mayoría del activismo gremial de Córdoba.
La evolución de la situación política demostraba claramente que los partidos tradicionales -incluido el justicialismo- comenzaban a alinearse decididamente tras la propuesta militar, al tiempo que se evidenciaba un progresivo cambio en la tendencia de las masas.
En esta nueva dinámica, los conflictos gremiales tendían a acotarse, mientras el movimiento social perdía gravitación frente a las urgencias políticas, pero tanto en la cúpula de la fuerzas armadas como en la de los principales partidos existía plena conciencia de que la tensión social continuaba siendo un factor fundamental de la coyuntura.
A mediados de 1972, se había producido un cambio sustancial en el panorama y el viejo líder lo había percibido desde Puerta de Hierro. En el largo orejeo de las cartas, Perón ya barruntaba que, después de 18 años de proscripción, volvería a tener treinta y tres de mano.
Juan Iturburu
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